Las tierras mal habidas de Paraguay

A finales del siglo XIX, Paraguay sufrió una calamidad militar sin igual en su historia moderna. En 1864 se desbordaron las tensiones regionales, desatando una guerra en la que Paraguay se encontró confrontado a una “Triple Alianza” compuesta por Brasil, Argentina y Uruguay. La desigualdad de la confrontación era abrumadora y a pesar de una serie de victorias tempranas, en 1867 el ejército paraguayo había sido aniquilado. Sin embargo, su líder, el presidente Solano López, se negó a rendirse y reclutó a esclavos y niños para continuar la pelea, promocionando a su hijo de 14 años al rango de coronel.

El presidente López finalmente murió a bala en 1870, mientras huía por los densos bosques subtropicales del oriente de Paraguay. Su esposa, una aventurera irlandesa llamada Eliza Lynch, lo enterró junto con su hijo el coronel, en la tierra bermeja del bosque, bajo la mirada de un contingente de soldados brasileños.

Cuando la guerra llegó a su macabro fin, había matado a dos terceras partes de la población paraguaya, incluyendo a 90 por ciento de sus hombres. El acuerdo de paz que siguió a la guerra le arrebató más de la tercera parte de su territorio y le impuso una enorme deuda financiera. Para pagar lo debido, el gobierno vendió enormes cantidades de activos públicos a empresas extranjeras.

El activo principal del gobierno era la tierra. Más de 16 millones de hectáreas (ha) – 40 por ciento del territorio nacional – fueron vendidas como pan caliente a treinta y dos empresas. Un solo negociante español, Carlos Casado, adquirió siete millones de hectáreas: un territorio más amplio que toda la República de Irlanda.

Esta liquidación masiva estableció el patrón de la economía paraguaya al amanecer del siglo XX. Transformó a Paraguay en suministrador de productos básicos baratos para el mercado global, estableció la tierra como la base de la riqueza nacional y pasó el control de la tierra a las manos de una minúscula elite.

Hoy, Paraguay es el país más desigual del mundo en términos de distribución de tierra, el 90 por ciento de su territorio estando en manos de solo 12.000 personas. El 10 por ciento restante está dividido entre más de 280.000 pequeños y medianos cultivadores. Más allá de este grupo, existe una población desamparada de 300.000 familias de agricultores sin acceso a cualquier pedazo de tierra. Esta situación genera un coeficiente de Gini de 0,93, mucho más alto que en cualquier otro lugar (incluso en la región notoriamente desigual de América Latina), los países más cercanos siendo Brasil, Colombia y Perú, todos con un coeficiente de 0,86.

Tanta intimidad entre el poder político y la tenencia de tierra tiene consecuencias predecibles para la capacidad de las instituciones paraguayas responsables de regular la agroindustria. Esto deja a los bosques paraguayos – que se encuentran en territorios anhelados por cultivadores de soja en el oriente del país y ganaderos en el occidente – altamente vulnerables.

Introducida en 1973, la Ley Forestal estableció requisitos claros que terratenientes que quieran talar los bosques encontrados en sus propiedades tienen que cumplir. Primero, deben recibir autorización tanto del Ministerio paraguayo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como del Instituto Forestal Nacional. Una vez otorgada la autorización, los terratenientes deben mantener el 25 por ciento de sus tierras bajo cobertura de bosque natural como “reserva forestal”. Un 15 por ciento adicional debe ser retenido para crear franjas protectoras entre cada cinturón de 100ha de tierra deforestada. Si hay fuentes de agua presente, un adicional cinco por ciento de la propiedad debe ser conservada para protegerlas.

Sin embargo, muchas veces estas leyes terminan siendo esquivadas. Recientemente, Ezequiel Santagada, abogado argentino y director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), entidad independiente, coordinó una investigación de un año sobre la deforestación en el Chaco occidental paraguayo, que ha venido experimentando las tasas más altas de deforestación en el mundo.

Contrastando imágenes satelitales de propiedades con información disponible sobre la aplicación de la Ley Forestal, IDEA compiló evidencia irrefutable de la existencia de deforestación ilegal. Este análisis pormenorizado posibilitó la formulación – inusual en el país – de cargos penales contra un poderoso terrateniente del Chaco.

“Lo que nosotros hemos detectado con todo este análisis es que aproximadamente de toda la deforestación que hubo, un mínimo [de] 20 por ciento es ilegal,” dijo Santagada a Earthsight. Treinta y seis o treinta y siete mil hectáreas por año de deforestación ilegal y no hay ninguna persona presa por todo esto.”

De hecho, no solo es el caso que las autoridades paraguayas hayan incumplido en la implementación de la Ley Forestal, sino que también han intentado perjudicarla de forma activa. En 2017, Cartes aprobó una ley que permitía a terratenientes reemplazar partes de sus reservas forestales con monocultivos con fines comerciales con la mera compra de “licencias de servicios ambientales.” La iniciativa provocó ultraje internacional y fue derogada poco después de que Cartes dejara la presidencia – pero no antes de que él la hubiera usado para deforestar su propia finca.