La investigación de la madera ilegal - Estudios de Caso

Basándose en la magnitud del aprovechamiento y la exportación, Greenpeace decidió examinar la legalidad del aprovechamiento de la especie ipé, de gran valor, en el estado brasileño de Pará. Las pruebas existentes, incluidos casos anteriores de procedimientos ejecutorios gubernamentales, parecían indicar que estaba llevándose a cabo un blanqueo del origen de la madera, secundado por documentación fraudulenta. Para investigarlo, Greenpeace comenzó por obtener todas las autorizaciones de tala registradas en el estado de Pará. Al excluir todas las que se habían suspendido o no se habían aprobado aún, la lista se redujo de más de 1.300 licencias a poco más de 1.000. Posteriormente, los investigadores identificaron aquellas en cuyo inventario forestal se incluía la especie ipé, de gran valor. Posteriormente, seleccionaron todas las licencias en las que se había registrado un volumen sospechosamente alto de ipé, así como aquellas en las que el volumen por hectárea parecía excesivo en comparación con las densidades medias de población de esta especie. Greenpeace obtuvo así una lista de 104 concesiones en las que había una sospecha razonable de que se hubiera exagerado el volumen de madera, posiblemente con el objetivo de blanquear madera de otras zonas. Esas 104 concesiones se filtraron más tarde usando una serie de criterios, entre ellos el tamaño que abarcaba la autorización, el año en que se validó, el gran número de ipé que supuestamente contenían y la información visual de las inspecciones aéreas de las concesiones seleccionadas. Aunque las inspecciones aéreas superarán los medios disponibles para la mayoría de las ONG, pueden reproducirse hasta cierto punto usando un análisis por satélite [véase el apartado Con un ojo en elcielo: cómo comparar permisos con los datos de satélites]. Greenpeace obtuvo una lista de 18 autorizaciones que considerarían como objetivo para su trabajo de campo. En 14 de los 18 casos, identificaron suficientes infracciones como para justificar la cancelación de la licencia.

En 2009, el Fondo de Pensiones Estatal de Noruega encargó a Earthsight que investigara las actividades de una gran empresa maderera de Malasia de la cual poseía acciones. Earthsight usó documentos de referencia, imágenes por satélite y trabajo de campo para sacar a la luz una serie de actividades ilegales de diferente tipo que realizaba la empresa en sus zonas de aprovechamiento con licencia (concesiones) en Sarawak:

• Análisis de documentos de referencia: las evaluaciones del impacto ambiental de la tala de varias concesiones indicaban que la empresa había empezado un aprovechamiento cíclico antes de que se le hubieran otorgado las evaluaciones, lo cual supone una infracción de la normativa.
• Comparación de los documentos de referencia con imágenes por satélite: se obtuvieron mapas detallados de las concesiones de los apéndices de las evaluaciones del impacto ambiental. Estos mapas se compararon con imágenes por satélite recientes, que se posprocesaron para que pudieran observarse claramente los daños ocasionados por la reciente tala selectiva. La comparación de estas dos series de datos sacó a la luz pruebas de tala ilegal fuera de los límites de las concesiones y en zonas prohibidas dentro de estas.
• Observaciones de campo y entrevistas: gracias a las observaciones de campo se obtuvieron pruebas de tala ilegal en ríos de amortiguación, tala de especies protegidas, contaminación de ríos con restos de tala y desmonte ilegal que superaba los límites junto a pistas forestales. Entrevistando a madereros y empleados de los campamentos de tala se obtuvieron pruebas adicionales de aprovechamiento ilegal de especies protegidas, tala de troncos de tamaño menor al permitido y marcado fraudulento de troncos.

La información obtenida llevó al Fondo de Pensiones Estatal de Noruega a poner a la empresa en la listanegra. Además, esta información se ha citado en numerosas campañas de diversas ONG que luchan por un cambio en Sarawak.

Durante una investigación en Indonesia, las ONG Organismo de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) y Jaringan Pementau Independen Kehutana (JPIK) identificaron un desmonte a gran escala en una zona boscosa, donde los mapas gubernamentales que ya se habían obtenido indicaban que no se contaba con el permiso pertinente. El EIA y el JPIK pudieron descubrir el nombre de la empresa que operaba en la zona e identificaron madera que se aprovechaba en la concesión y se trasladaba a aserraderos cercanos. Sin embargo, las bases de datos del gobierno provincial no incluían permisos para dicha concesión. Varios meses después, se consiguió una evaluación del impacto ambiental de la concesión, no a través de fuentes gubernamentales, sino en una aldea junto a la concesión. La evaluación incluía mapas que indicaban los límites de la concesión, los cuales más tarde digitalizó un analista de GIS. La superposición de estos límites a varias imágenes Landsat mostró el mes en que había comenzado el desmonte y qué proporción del bosque se había desmontado a lo largo de varios meses. El EIA y el JPIK obtuvieron confirmación del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de que la empresa aún no tenía el derecho legal de desmontar el bosque.

Greenpeace llevó a cabo su análisis de la tala ilegal en Camerún usando los límites de los permisos de tala que se habían puesto a su disposición mediante una colaboración entre el Instituto de Recursos Mundiales y el Ministerio de Silvicultura y Fauna Silvestre de Camerún. Los datos se publicaron en un intento de reforzar la gestión forestal en ese estado.

Durante las investigaciones sobre el terreno de 2014, Greenpeace documentó pistas forestales, troncos y tocones usando GPS y fotos. Posteriormente superpusieron la ubicación de las actividades de tala con los límites de los permisos e identificaron aprovechamiento de madera casi dos kilómetros más allá de la zona permitida. Las pruebas se presentaron antes las autoridades holandesas encargadas de aplicar el EUTR. Como consecuencia, las autoridades presentaron una denuncia ante el fiscal contra una empresa que había importado madera de Camerún sin haber ejercido adecuadamente su diligencia debida.

Labora Sitorus, agente de policía de menor rango de la provincia de Papúa Occidental (Indonesia), era propietario de una empresa de procesamiento de madera llamada PT Rotua. Durante el trabajo de campo, investigadores de la sociedad civil determinaron que PT Rotua estaba recibiendo de comunidades de dos distritos troncos procesados rudimentariamente en el bosque. Los investigadores determinaron posteriormente que PT Rotua estaba usando documentos incorrectos o incompletos para transportar la madera desde el punto de aprovechamiento hasta el aserradero y desde este hasta el centro de procesamiento en la ciudad de Surabaya. En mayo de 2013, se detuvo a Sitorus y se confiscaron 115 contenedores de la valiosa madera de merbau, cuyo valor se estimó en más de 20 millones dólares (US$). Las investigaciones posteriores de las agencias anticorrupción indicaron que se habían blanqueado cerca de 128 millones de dólares (US$) a través de la cuenta bancaria personal de Sitorus, que eran los beneficios de la madera ilegal y del contrabando de petróleo. En 2014, se declaró culpable a Sitorus de tala ilegal y blanqueo de dinero. Se le condenó a una pena de 15 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 400.000 dólares (US$).

En Perú, un organismo estatal, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), realiza inspecciones regulares aleatorias sobre el terreno de las concesiones forestales que se han talado recientemente. Durante las inspecciones, los funcionarios del OSINFOR evalúan hasta qué punto el aprovechamiento ha tenido lugar conforme a la normativa. Además, evalúan una zona forestal de muestra para compararla con los volúmenes declarados por el concesionario. Tras estas inspecciones se producen Informes de Supervisión en los que se identifican actividades ilegales como inventarios falsos, tala ilegal o uso incorrecto de permisos para blanquear madera.

El Organismo de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) obtuvo Informes de Supervisión de inspecciones realizadas entre 2008 y 2011 usando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú. Más de 200 concesiones incluidas en los informes mostraban algún tipo de ilegalidad grave. El EIA contrastó estos informes con una base de datos de Permisos de Exportación CITES de cedro rojo y caoba americana de Perú, que también se obtuvieron conforme a la ley en materia de transparencia. Así se identificaron más de 100 permisos usados para exportar especies en extinción a Estados Unidos y todas ellas podían relacionarse directamente, a través de los propios permisos, con concesiones en las que el OSINFOR había encontrado pruebas de actividades ilegales graves.

En teoría, los permisos de la CITES indican las concesiones de procedencia pero, en algunos casos, estaban relacionados con concesiones en las que el OSINFOR no había encontrado ningún tipo de tala legal. En la mayoría de los casos, los concesionarios habían falsificado los inventarios para inflar el volumen de especies en extinción que les correspondía legalmente. Los permisos de la CITES también indicaban el nombre de los importadores de madera en Estados Unidos y, al usar este proceso, el EIA pudo establecer un vínculo evidente entre el aprovechamiento ilegal y el mercado.

En abril de 2014, en Myanmar se aprobó una prohibición de exportar troncos en un intento por poner freno a la desenfrenada extracción excesiva de madera en sus menguantes bosques. El cupo anual permitido en el país se ha excedido regularmente debido a un aprovechamiento y unas exportaciones sin control, habiéndose transportado una gran parte de la madera directamente a través de la frontera norte con China a pesar del requisito de que todas las exportaciones se enviaran a través de Yangon, en el sur. En junio de 2015, investigadores del EIA viajaron a los puestos fronterizos entre Myanmar y China para determinar el volumen de troncos exportados en contravención de la prohibición. En el pueblo de Nongdao, documentaron miles de toneladas troncos de teca, palisandro de Birmania y paduk asiático de gran valor, que se habían introducido en China desde Myanmar. En el importante pueblo de tránsito de Ruili, también en China, los investigadores observaron camiones descargando piezas de palisandro a diario. A principios de 2015, los investigadores documentaron largas colas de camiones cargados de troncos que esperaban para cruzar la frontera con China.

El EIA utilizó también metodologías encubiertas, haciéndose pasar por compradores de madera para obtener información de los comerciantes y los agentes de logística. Esto les permitió crearse una imagen de los métodos que utiliza la industria para obtener acceso a los recursos y burlar las restricciones y la compleja red de personas que controlan la cadena de suministro.

En 2014, a modo de seguimiento de su investigación detallada de la tala ilegal en la Amazonía brasileña [véase el Estudio de caso 1], Greenpeace colocó indicadores de localización GPS en camiones de troncos que operaban en el estado de Pará. En Pará se produce y exporta más madera que en cualquier otro estado brasileño y se calcula que tres cuartas partes de la tala son ilegales. Los localizadores emiten señales que pueden detectarse de forma remota y rastrearse con el paso del tiempo. Así se demostró que los camiones viajaban a bosques públicos remotos durante el día y llevaban la madera a los aserraderos por la noche. Al contrastar las ubicaciones con los mapas del Gobierno se descubrió que en las zonas de donde los camiones traían los troncos no se habían otorgado derechos de tala. Greenpeace llevó a cabo vuelos de reconocimiento sobre esas mismas zonas, lo que les permitió documentar una red de pistas forestales y campamentos ilegales.

 

Posteriormente Greenpeace comprobó los registros electrónicos de los aserraderos que recibían los troncos y consultó las imágenes por satélite para ver si había pruebas de tala en el origen que se especificaba. Así descubrieron que en muchas fincas no había indicio alguno de tala y, en otras, solo muestras escasas. Concluyeron que las fincas de tala se estaban usando como tapadera para proporcionar a los aserraderos la documentación necesaria que les permitía blanquear madera ilegal obtenida en los bosques públicos.

Si se usan de este modo, los rastreadores GPS pueden ser realmente eficaces, pero no debe subestimarse la inversión de tiempo y la experiencia necesarias ni el nivel de riesgo asumido por Greenpeace. Para colocar los rastreadores en los camiones fue necesario ganarse gradualmente la confianza de los conductores de los camiones durante meses. Además, cabe mencionar que las pruebas fueron especialmente eficaces porque se combinaron con otros datos, entre ellos, permisos, datos de la cadena de custodia, imágenes por satélite y fotografía aérea.

[1] http://www.greenpeace.org.uk/sites/files/gpuk/gp_amz_silent_crimefile_final_dps.pdf (en inglés)

El Organismo de Investigación Ambiental (EIA), por sus siglas en inglés) llevó a cabo entrevistas con autoridades, organizaciones benéficas y comunidades rusas y descubrió que la tala ilegal sistémica en el Lejano Oriente de la Federación de Rusia y el blanqueo de madera con permisos falsificados eran prácticamente un secreto a voces. El EIA analizó los registros de aduanas de la Federación de Rusia, China y Estados Unidos y descubrió decenas de empresas chinas que exportaban suelos de madera maciza a Estados Unidos, que se habían construido usando roble de estos bosques.

Posteriormente, los investigadores del EIA se hicieron pasar por importadores para reunirse con los exportadores chinos. Los investigadores consiguieron interrogar a más de 20 operarios de aserraderos y fabricantes de suelos diferentes sobre las prácticas de abastecimiento de sus compradores estadounidenses. Una de esas empresas era el fabricante de suelos de propiedad china llamado Suifenhe Xingjia Economic and Trade Company (Xingjia). En reuniones encubiertas con el EIA, el presidente y directivos de Xingjia describieron un amplio sistema de aprovechamiento ilegal en los bosques de Rusia y soborno de funcionarios rusos. Xingjia declaraba aprovechar en exceso sus propias concesiones y blanquear la madera ilegal talada fuera de sus concesiones usando permisos de aprovechamiento. Al parecer, el 90 % de sus materias primas se obtenían de otros proveedores de alto riesgo de distintas partes del Lejano Oriente de la Federación de Rusia. Una investigación adicional del EIA demostró que estos proveedores ya habían sido sometidos a investigaciones policiales e incluso procesamientos fructíferos por su participación en la tala ilegal.

Gracias a datos comerciales, respaldados por observaciones en las reuniones encubiertas en las que habían desempeñado el papel de posibles compradores, los investigadores del EIA determinaron que el principal cliente de Xingjia era una empresa con sede en Estados Unidos, Lumber Liquidators. Esta empresa, a su vez, es el mayor distribuidor especializado de suelos de madera maciza de Estados Unidos. La investigación llevó al procesamiento de Lumber Liquidators conforme a la Ley Lacey. En octubre de 2015, la empresa acordó declararse culpable de varias infracciones de esta ley. Lumber Liquidators accedió a pagar una multa de 13,2 millones de dólares (US$) y a presentar un plan de cumplimiento de las normas ambientales riguroso durante el plazo de cinco años[1].

[1] http://www.wri.org/blog/2015/10/13-million-fine-lumber-liquidators-shows-us-lacey-acts-clout (en inglés).

En 2004, dos ONG, EIA y Telapak Indonesia, revelaron un comercio ilegal por valor de miles de millones de dólares (US$) de troncos de merbau procedentes de Papúa (Indonesia) e incluso rastrearon las cadenas de suministro hasta China y Estados Unidos[1].

Los troncos se aprovechaban ilegalmente y se exportaban contraviniendo la prohibición del país de exportar troncos, con el objetivo de transformarlos en suelos de madera de gran valor en China. Para sacar de contrabando los troncos del país y ocultar su origen a su llegada a China, se usaban complejas asociaciones multinacionales en las que participaban funcionarios indonesios corruptos y agentes en Singapur y Hong Kong.

El EIA usó el trabajo de campo para documentar las actividades ilegales del punto de origen, mediante observaciones sobre el terreno y entrevistas a las comunidades afectadas. La magnitud, el modus operandi y la identidad de las personas más importantes implicadas en el contrabando de troncos de Indonesia a China se sacó a la luz principalmente a través de reuniones encubiertas con comerciantes de troncos en Yakarta, Singapur y Hong Kong, a quienes se había identificado buscando en las plataformas de comercio en Internet. Esta información se respaldó al comparar los datos comerciales de Indonesia, Malasia y China con una investigación exhaustiva de la confiscación por parte de las autoridades indonesias de embarcaciones que transportaban troncos de contrabando. Las conexiones de la cadena de suministro con EE. UU. se realizaron a través de visitas encubiertas a fabricantes chinos y de un análisis de los registros de envío estadounidenses.

El informe resultante llevó al Gobierno de Indonesia a tomar unas enérgicas medidas sin precedentes contra la tala ilegal en Papúa, por las que se despachó a un grupo de trabajo de 1.500 personas y se confiscaron 400.000 metros cúbicos de madera. Los precios del merbau se duplicaron en China solo unos meses después, al agotarse el abastecimiento ilegal[2].

[1] EIA/TELEPAK INDONESIA. The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China’s Massive Timber Theft, febrero de 2005. http://www.eia-international.org/wp-content/uploads/The-Last-Frontier.pdf (en inglés).

[2] EIA/TELAPAK INDONESIA. Rogue Traders: The Murky Business of Merbau Timber Smuggling in Indonesia, agosto de 2010. http://eia-global.org/images/uploads/Rouge_Traders.pdf (en inglés).

En 2010, en un estudio[1] llevado a cabo por Earthsight para el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) sobre las importaciones al Reino Unido de productos de la madera de alto riesgo se usaron datos comerciales y otra información para identificar como producto de interés ciertas puertas de madera sólida externas que se habían fabricado con meranti y se habían importado de Indonesia. A través de búsquedas de Internet y llamadas telefónicas encubiertas a los distribuidores, se elaboró una lista de las cinco empresas principales que vendían o distribuían estas puertas en el Reino Unido. La información sobre la cadena de suministro de una de estas empresas (LPD Doors) se consiguió usando solicitudes abiertas del WWF y llamadas telefónicas encubiertas, en las que Earthsight se hacía pasar por un comprador preocupado. Estas indagaciones llevaron a la identificación del fabricante indonesio y el exportador de las puertas. Earthsight visitó al proveedor indonesio de forma encubierta y obtuvo documentos que demostraban que últimamente la empresa había obtenido meranti de hasta 20 proveedores diferentes. Excepto uno, todos estos proveedores eran comerciantes secundarios y no habían solicitado información adicional sobre el origen inicial de la madera. El único proveedor con sus propias concesiones de tala bajo licencia, PT Kayu Lapis Indonesia, había sido objeto de varias acusaciones de tala ilegal y explotación de comunidades presentadas por distintas ONG. Con esta investigación, por lo tanto, se pudo demostrar que el meranti usado en las puertas procedía de un origen peligroso e imposible de rastrear.

[1] WWF. What Wood You Choose? Tracking forest products on sale in the UK back to their forest source, febrero de 2011. http://assets.wwf.org.uk/downloads/what_wood_you_choose_feb11.pdf (en inglés).